Tal y como ha informado hoy 22 de junio Avaesen en un comunicado, su opinión respecto a este tema es que si en estos momentos tan duros para la economía española, en los que conseguir financiación es casi tarea imposible, se aplican medidas de esta índole, la destrucción del sector está garantizada.

La retroactividad sobre las tarifas fotovoltaicas en cualquier porcentaje hace desvanecer la seguridad jurídica y dispara el riesgo país. La destrucción de empleo será inminente, ya que sólo en la Comunidad Valenciana existen más de 300 empresas en el sector de las energías renovables. Si se recortan las primas, se elevará exponencialmente la inseguridad de bancos y cajas de ahorro que no querrán financiar nuevas instalaciones, engrosando las listas del paro con 5.000 nuevos parados sólo en Comunidad Valenciana y unos 60.000 en toda  España.
Avaesen estima que la  retroactividad afectará a  55.000 productores de energía fotovoltaica en España, que podrían arruinarse al no poder hacer frente a la deuda contraída con bancos y cajas de ahorro, que se estima en más  de 15.000 millones de euros, provocando un nuevo problema al sector bancario.
Los Fondos de Inversión, tanto nacionales como especialmente los extranjeros, no financiarán nuevos proyectos en España ante el riesgo cada vez más elevado de no poder recuperar sus inversiones. La medida, además, afectará al aumento de la deuda soberana por la desconfianza general de inversores extranjeros.
Además de la demoledora medida que supondría la disminución de la tarifa con carácter retroactivo sobre instalaciones acogidas al antiguo RD 661/2007, el Ministerio planea  también posibles recortes sobre las nuevas instalaciones, en torno a un 45% las instalaciones sobre suelo y un 25% sobre techo.
Avaesen ha comentado que considera un atropello del Ministerio de Industria la aplicación de la retroactividad a aquellas instalaciones totalmente legalizadas conforme a ley y si la propuesta del gobierno próspera, la Asociación estudiará las acciones legales correspondientes que se puedan ejercitar en defensa de los interesas legítimos de todos aquellos empresarios asociados que se vean afectados.